Este análisis del último cuarto del siglo X, su delimitación no es sencilla porque la historia del presente no representa un periodo histórico clásico sino una temporalidad que se mueve y se reinterpreta constantemente.
El año 1976 implicó un cambio significativo no solo por el inicio de la dictadura sino más cruel y violenta de la historia de la historia argentina del siglo XX. Este nuevo régimen militar no fue uno más y excedió largamente la agenda represivo-autoritaria de las dictaduras clásicas, el cual estaba formado por Videla, Viola, Gautier y Bignonia, y llevo los peores años vividos durante el último siglo; en los cuales se impuso el terrorismo de estado y las libertades públicas e individuales fueron violadas brutal y sistemáticamente como nunca antes.
Un estado controlado por las fuerzas armadas se profundizó la desintegración social al imponer un verdadero régimen de terror que apelaba a la eliminación y desaparición sistemáticas de personas, y que tuvo las características de un verdadero genocidio. Los militares al haber eliminado las instituciones democráticas y republicanas, organizaron una represión clandestina que recurría a los "grupos de tareas" de las diversas ramas de las fuerzas armadas encargados de secuestrar a opositores políticos (eran recluidos en centros clandestinos destinados de detención en los que se convirtieron en "desaparecidos" hasta ser asesinados) con total impunidad. La responsabilidad de esas actitudes recae en los miembros de las tres fuerzas armadas que ocuparon casi todas las instancias superiores del gobierno, no hay que olvidarse de las colaboraciones prestadas por amplios sectores de la sociedad, ya sea mediante el apoyo explícito a la dictadura o a través de silencios cómplices que ayudaron a conformar el consenso civil al nuevo régimen. Alguna participaba tres:
- La activa participación en cargos ministeriales y municipales de cientos de cuadros intermedios de diversos partidos nacionales y provinciales, que le otorgó al gobierno de facto un carácter cívico-militar.
- Recibió casi un respaldo casi unánime de los medios de comunicación, de la cúpula eclesiástica, de múltiples asociaciones empresarialesç- Diversos sectores de la sociedad civil que rescataban la supuesta restitución del orden político y social no importa cual fuera el costo
Las evidencias del respaldo de la sociedad civil a partir de dos grandes acontecimientos:
La ocupación militar de las islas Malvinas: el 2 de abril de 1982, lo cual embarcó al país en su única y absurda guerra del siglo XX. También fue una operación destinada a buscar un consenso social que había perdido con bastante rapidez. El objetivo de detener el inexorable y rápido deterioro económico y político de la dictadura militar y de la incipiente recomposición de la oposición política y de la propia sociedad civil, el general Leopoldo Fortunato Galtieri y la cúpula de las fuerzas armadas empujaron a cientos de soldados mal entrenados y peor armados a la muerte y a una segura derrota. La decisión se apoyó en el reclamo histórico de recuperación de las islas Malvinas que había sido ocupada por gran Bretaña en 1833 y explotó un adormecido pero latente espíritu irrendentista del pueblo del pueblo argentino. Este apoyo popular se vio favorecido por los sentimientos nacionalistas y antiimperialista latentes en la sociedad y por una formidable manipulación mediática que generó y pro una formidable manipulación mediática que generó la ilusión de un consenso absoluto. La rápida y desastrosa derrota de un ejército argentino mal armado y entrenado, y peor dirigido táctica y estratégicamente, cambio los humores de la población, de los medios de combinación, y de la dirigencia política, y el apoyo se transformó en malestar y oposición, lo cual aceleró la caída del régimen.
Esta conducta del a sociedad se llama "pretorianismo", un comportamiento de la sociedad que manifiesta la escasa convicción de la ciudadanía por los valores de la democracia y la aprobación de la participación militar en política. El asalto militar al poder de 1976 se inscribe, entonces, en esa tradición de conductas "pretorianas" de una sociedad que descreía en buena medida de la democracia política y ponía en tela de hacia la legitimidad de un gobierno particularmente débil como de Isabel perón. Esto es la parálisis del parlamento, la poca incidencia de los partidos políticos, el aumento generalizado de la violencia y el desboque de las variables económicas. Fue en ese contexto donde se inscribió la dictadura militar iniciada en 1976.
Una dictadura militar que tuvo como principal objetivo la instauración de un nuevo orden con objeto de reestructurar la sociedad argentina transformando la estructura de los partidos políticos y en el que los militares pensaban para si una larga hegemonía en alianza con los sectores más concentrados de la economía. Este último plano, el régimen se proponía acabar con el rol "decisivo del estado en la asignación de recursos y en la destruimiento del ingreso", que pasaría estar supeditado al funcionamiento de los mercados. Sin embargo, sólo en 1978 con la implementación de las políticas de estabilización monetaria, comenzaron a aplicarse las experiencias se apertura financiera comunes a otros países de américa latina, una economía "plenamente abierta al comercio internacional" en donde se equipararían los precios internos a los del "mercado mundial", multiplicado por el tipo de cambio (más impuestos, menos subsidios), así," la inflación interna y la internacional resultaban iguales".
Esta política condujo a un alto y progresivo endeudamiento en dólares como consecuencia de la sobrevaluación cambiaria, la suba de los salarios, los precios internos en dólares y la eliminación de los controles de los movimientos internacionales de capitales. Esta estrategia generó cierta expansión económica, evitando en un comienzo el aumento del desempleo, pronto se evidencio frente a la apertura comercial y al dólar barato la vulnerabilidad de los sectores productivos locales ante la competencia extrajera. El fuerte proceso especulativo condujo en 1980 a una crisis financiera que provocó la quiebra de varias instituciones bancarias, la fuga de los capitales privados y el aumento del endeudamiento público, que se multiplico por cuatro entre 1975 y 1980. Cuando en marzo de 1981 se abandonó la paridad cambiaria, se ingresó en una fase de descontrol de la economía que desembocó en un proceso de devaluación e inflación. La consecuencia más visible fue una creciente desnacionalización de la riqueza. L a disminución de los aranceles de las manufacturas nacionales permitió la importación de productos importados y afectó de manera directa la actividad industrial vinculada con el mercado interno. Entre 1976 y 1981 el producto industrial descendió en torno de un 20 por ciento, y una importante cantidad de plantas industriales debió cerrar sus puertas.
Pero el mundo del trabajo no significaba solamente la resolución del problema de la "eficiencia" para el gobierno militar, se trataba también de una cuestión de disciplina miento, esto implicaba tanto someter el silenciamiento de las dirigencias gremiales y políticas de los trabajadores. El régimen llevo adelante una durísima represión que fue desde la ocupación militar de las plantas fabriles hasta la persecución y desaparición física de centenas de militantes gremiales provenientes del peronismo combativo y de la izquierda, entre los cuales el más emblemático fue el dirigente cordobés Rene Salamanca. La resistencia de los trabajadores se resintió notablemente aunque no desapareció y se manifestó de manera menos visible apelando a repertorios de confrontación no tradicionales para evitar en alguna medida loa alcances de la represión. La política represiva sobre el movimiento obrero no terminaba allí pues los militares desestructuraron el inmenso poder político y el control de instancias estatales que la dirigencia sindical tradicional había alcanzado durante el último tramo del gobierno de Isabel perón.
El régimen militar se sintió al comienzo tan fuerte para no dialogar y reprimir a la dirigencia gremial y encarcelo a varios de sus más prominentes líderes. L a propia dinámica del proceso condujeron a los militares a establecer una línea de dialogo con un sector del sindicalismo encabezado por el dirigente del gremio plástico Jorge triaca. A fines de 1979 se sanciono una ley cuyo objetivo era eliminar las organizaciones gremiales de tercer grado, particularmente la CGT, apareció un sector sindical más proclive a la protesta en defensa de las subsistencias de la propia CGT y de las obras sociales. El deterioro y el desgate de la dictadura militar permitieron la recuperación de las estructuras gremiales, sin embargo, el poder sindical no captó que las condiciones que habían cimentado su hegemonía antes del golpe habían comenzado a cambiar en 1975-1976.
Hacia 1982 el régimen militar se hallaba debilitado en varios frentes. El desgate internacional como consecuencia de la acción de los grupos de derechos humanos, desde que el 30 de abril de 1977 se realizó la primera marcha de las madres en torno de plaza de mayo, no fue menor e insumió una notable y dilapidad energía a los militares para neutralizarla. En cierta forma, la derrota de la guerra de Malvinas marcó el comienzo del fin de la última dictadura militar, y su acelerado repliegue implicó el reordenamiento desordenado de la actividad política y una breve, compleja y tumultuosa transición a la democracia.
La restitución de la democracia a partir de 1983 habría de producirse en un contexto complejo pues los cambios en el rumbo de la economía en los países centrales afectarían de manera concreta al nuestro. En un mundo cada vez más globalizado y desde fines de los años '80 unipolar, la presión ejercida por las políticas neoliberales, que pregonaban la reforma del estado, la reducción del déficit fiscal, las privatizaciones, la reconversión industrial y la excesiva libertad de mercado, marcaría los limites dentro de los cuales se realizaría la transición democrática y condicionaría la consolidación de las instituciones. En realidad, la transición política del autoritarismo a la democracia se llevó a cabo de manera simultánea con el pasaje de una economía dirigida a una de mercado.
Primera parte: http://www.youtube.com/watch?v=rck50zJePoE&feature=related (disculpen las molestias no se pudo loggear el vinculo)
La democracia cumplió dos décadas, el periodo más largo desde la sanción de la ley Sáenz Peña en 1912, a pesar de sus defectos y debilidades, el sistema democrático se ha asentado y una muestra en ese sentido es que pudo capear violentos tiempos, como los levantamientos militares de fines de los años ochenta o la reciente crisis de gobernabilidad de fines de 2001.
La participación de la ciudadanía en el espacio público durante la década que duro la transición democrática tuvo dos momentos bien diferenciados:
Entre 1983 y 1987: tuvo lugar una activa e intensa participación ciudadana en la discusión pública en torno a varios acontecimientos cruciales (ej.: el juicio a las juntas de personas, CONADEP.), el punto culminante de este clima democrático lo constituyeron la formidables manifestaciones en defensa de la democracia durante el levantamiento militar de semana santa de 1987. Fue en estos años donde se generalizó el consenso de los ciudadanos hacia la democracia así como un clima optimista en el que parecía haberse conformado un espacio público verdaderamente participativo. Una serie de factores contribuyó al declive de la democracia participativa, cuya primera evidencia se manifestó con la derrota electoral de la Unión Cívica Radical en 1987. El errático rumbo de la política económica, se veía presionada a dos puntas, el poder financiero y las demandas gremiales. En ese sentido el gobierno de Alfonsín sufría el acosos implacable de las diversas corporaciones sin saber muy bien cómo salir de la encrucijada. La participación ciudadana se fue retrayendo y comenzó a afectarse la confianza en el sistema político. El gobierno de Alfonsín tomó algunos principios y reclamos del movimiento de derechos humanos, mas allá de las diferencias entre sus grupos, exigía conocer la verdad y enjuiciar a los culpados. Derogó ‘la ley de autonomía dispuesta por el general Reynaldo Bignonia, creó la CONADEP y enjuicio a las cúpulas militares. El informe de la CONADEP y el juicio a las juntas militares representan, quizás, el punto más alto del compromiso alcanzado por el gobierno radical con las demandas del movimiento de derechos humanos. La participación de la ciudadanía en el espacio público durante la década que duro la transición democrática tuvo dos momentos bien diferenciados:
Las conclusiones de la labor de la CONADEP, dadas a conocer el 20 de septiembre de 1984, permitieron correr el veo tenido por los militares a las brutales violaciones de los derechos humanos y que la sociedad argentina conociera la verdad al respecto a la desaparición de personas, la aplicación de tortura, el secuestro de bebés y la existencia de más de trescientos centros clandestinos de detención. Todos estos datos tuvieron una gran defunción por parte de los medios de comunicación en el libro NUNCA MAS que genera impacto sobre la opinión pública. La comisión dejó en el haber del movimiento la sistematización de una carga de pruebas que iría a tener peso decisivo para la etapa civil del juicio a las juntas. El juicio a las juntas militares, fue iniciado por la cámara federal en abril de 1985y constituyó el punto culminante de la lucha por los derechos humanos en la argentina; y no solo por como ver la identidad colectiva y por el consecuente balos simbólico sino porque, por primera vez, los máximos responsables de tres conducciones consecutivas de las fuerzas armadas se sentaban en el banquillo de los acusado debían someterse a la justicia civil y aceptar el veredicto del tribunal, que finalmente estableció diversas condena
Después de 1987: parece evidente que esta forma de resolver el conflicto con los militares significó un rudo golpe a la ya declinante credibilidad del presidente Alfonsín, cuyas más claras manifestaciones fueron la derrota electoral de su partido, la Unión Cívica Radical en 1987 y la consecuente y rápida recuperación del peronismo. Lo que llevaría a una nueva derrota electoral del partido gubernamental en los comicios presidenciales de 1989 y a la entrega anticipada del poder a su ganador el justicialista Carlos Saúl Menem. El nuevo presidente inauguró un proceso que duraría una década y en el cual soluciono los dos aspectos centrales que no había podido llevar adelante su antecesor: la cuestión militar y la transformación estructural de la economía. En las formas de resolución de estos problemas mucho tendría que ver la apatía popular predominante durante esos años. También la debilidad de las instituciones políticas que, frente a la necesidad de estabilizar la economía, resignaron y delegaron capacidades en beneficios de la concentración de poder político en la figura del presidente. Habría que sumar el contexto hiperinflacionario y la secuela tan temida de saqueos, la permitieron al presidente Menem encarar el problema los constantes levantamientos del ejército apelando a medidas impopulares y absolutamente rechazadas por el movimiento de derechos huaños. tras varios acontecimientos se puso fin a la cuestión militar pues a partir de ese momento los miembros de las fuerzas armadas debieron subordinarse a las normativas y a las instituciones de la democracia. Al liberar a los militares que habían delinquido antes de 1989 y castigar a los responsables del levantamiento militar de 1990, Menem dejo en claro que desde el punto de vista de la justicia se borraba al pasado pero no el presente. Menem debió encarar las transformaciones estructúrale y la apatía de la oposición política y de las propias bases sociales del peronismo así como una impresionante acción mediática de consenso a sus políticas, llevar adelante un formidable proceso de concentración de poder en torno a su figura cuando recurrió a los poderes excepcionales para resolver la aguda crisis económica que vivía la nación.
El hecho de haber conseguido la estabilidad monetaria y el equilibrio de las variables macroeconómicas hizo que Menem pudiera gozar del prestigio de quienes gana las guerras. Estas situaciones le permitieron abusar del uso de los derechos de necesidad y urgencia así como de los vetos presidenciales y avanzar en sus ambiciones políticas hegemónicas. Tal vez las mejores manifestaciones en este sentido fueron el control de la corte suprema de justicia y la reforma constitucional de 1994, elaborada a la medida de sus ambiciones y avala previamente por el pacto de olivos, que el presidente justicialista cero con Alfonsín. Allí se llamaron la ambiciones relacionarías del primero y las necesitas políticas del segundo. L a capacidad de gobernar de Menem en momento de crisis no estuvo al servicio de la autoridad presidencial y debilitó el constitucionalismo y el parlamentarismo, lesionando de esta manera la relación entre democracia y estado de derecho.
Las políticas implementadas por Menem profundizara rían y completarían las transformaciones económicas esbozadas en 1975-1976. Para ello Menem abandonó su discurso populista de campaña, para imponer en sentido contrario a las políticas clásicas peronistas, " la economía popular de mercado", esto significar las reformas impulsadas por los economistas neoliberales con objeto de abandonar el capitalismo protegido y llevar adelante la apertura y la desregulación de la economía, poniendo fin al intervencionismo estatal, privatizando las empresas públicas y encarando un severo ajuste fiscal. Estas orientación se consolidaría a partir de la llegada en1991 de Domingo Carvallo al ministerio de economía, quien condujo un proceso que manifestaba confianza plena en el papel estabilizador del mercado y en la apertura al comercio y a los capitales internacionales, alentada por la caída de las tasas se interés internacionales. La ley de convertibilidad con objeto de estabilizar los precios y evitar una nueva oleada hiperinflacionaria.
“el país experimenta a partir de entonces uno de los procesos más radicales de reforma económica orientados por el enfoque de libre mercado llevados adelante en el mundo desarrollo"
Esta política tuvo su punto extremo en la dolarización del sistema financiero y cuyo costo está hoy plenamente vigente en la negociación de la deuda externa y en la salida del default. La política de convertibilidad eliminó de raíz la posibilidad de hiperinflación tuvo una considerable eficacia antiinflacionaria y un efecto notable sobre el crecimiento de la economía durante los primeros años de la década del noventa. Pero esta estrategia afectó a la industria y los niveles de ocupación. Muchas empresas cerraron y expulsaron mano de obra, y las que optaron por baja el costo laboral invirtiendo en tecnología, por el mismo impulso de la convertibilidad, también redujeron plateles y afectaron los niveles de empleo. Lo que había sido una tendencia durante la primera mitad de la década del noventa se convirtió en desempleo masivo después de la crisis Mexicana de diciembre de 1994 y, particularmente, de la Rusia 1998, que impactaron sobre el movimiento internacional de capitales, perjudicaron sobre el movimiento internacional de capitales, perjudicando la inversión en los llamados países economía que alcanzaría su punto culminante con el estallido de la crisis de fines de 2001.
La desocupación tuvo su epicentro en las masivas privatizaciones de empresas públicas facilitadas por la sanción de la ley de reforma del estado con objeto de desmontar el capitalismo asistido. Se privatizaron empresas como yacimientos petrolíferos, gas de estado, empresas nacionales de telecomunicaciones, obras sanitarias y se concesionaron ferrocarriles del estado y subterráneos. El porcentaje de desempleo saltó del 6% en 1991 al 18,1% en 1995. Las estrategias tradicionales para resolver problemas de desocupación no funcionaron en esta coyuntura pues ni el gobierno generaba empleo al reducir sensiblemente la inversión pública ni sirvió la conversión de los ex asalariados en cuentapropista en tanto el número de éstos llegó a un nivel de saturación que superó ampliamente la demándala política económica y la reforma laboral provocaron otro de los grandes cambios del último cuarto del siglo XX. Con la irrupción de Menem en el poder, los gremios de encontraron con un gobierno peronista que, al contrario de la tendencia histórica, implementaba una política macroeconómica que los excluía de las tareas de decisión y una reforma laboral que implicaba precarización del empleo, regulación y prohibición de las huelgas en los servicios públicos, topes en las indemnizaciones por accidente de trabajo y las reforma del sistema jubilatorio.
La nueva política económica les quitaba la posibilidad de intervenir en el diseño de las políticas macroeconómicas del estado y perdieron el rol de articulador social al erosionarse el mercado de trabajo. Consecuentemente, la protesta social y la composición de los actores involucrados también se transformaron pues se produjo el desplazamiento de una sociedad entrada en el trabajo asociada a la reivindicación de trabajo y subsidios de desempleo. En un mercado laboral cada vez más segmentado, al comenzar el siglo XXI la mayoría de los trabajadores se aferraban a sus puestos de trabajo.
Hoy en día se ha producido una reconfiguración del paisaje urbano en donde la aparición de la exclusión se convirtió en un signo "permanente de la vida cotidiana". Tal vez la gran paradoja de las dos últimas décadas es que mientras la legitimidad democrática, con todos sus defectos y limitaciones, tendió a consolidarse ; tuvo lugar paralelamente la emergencia de la factura social más poderosa de nuestra historia , que es, a la vez, una de las principales amenazas de la democracia.
Las políticas relacionadas con la pobreza apenas han sufrido una solución: " parcial e insuficiente, a la imposibilidad de atender a las necesidades básicas , no han procurado cerrar la brecha social que separa a los que sienten y a los que no; a los que deciden, y a aquellos que se sienten víctimas de las decisiones tomadas"
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